viernes, 9 de febrero de 2007

Periodismo y Derechos Humanos

Situación del ejercicio periodístico en el Nororiente Colombiano en relación con los Derechos Humanos[1]



Por: Pablo Emilio Buitrago



“Hemos vivido bajo presión”, “Mejor no lo digo para que no me saquen del medio”, “En Bogotá se piensa una cosa y en las regiones se vive otra”, “Todos tenemos miedo de informar acerca de”, “Sabía que me sintonizaban y trataba de no decir nada en contra de ellos”, “Recibí la recomendación del General para que no mencionara más el incidente”, “Constaté que se llama a los directores de medios para que le bajen intensidad a ciertas informaciones”, “el comandante guerrillero pretendía dejar a una periodista porque no le gustó un término que ella usó”, “Fui presionado por dos alcaldes por informaciones que publiqué”, “Cuando conocí la mirada de odio de un paramilitar no quise saber nada más de este oficio”.



Todas estas citas textuales corresponden a afirmaciones de periodistas que laboran o laboraron en los últimos cinco años en medios de prensa, radio y televisión en Bucaramanga. Las dijeron ante una misión de reporteros internacionales que constató el riesgo que corren los comunicadores locales cuando se trata de informar sobre el conflicto armado interno y señalar con nombre propio a los autores de las acciones violentas en el Nororiente Colombiano, así como ocurre en otras regiones del país.

En ellas se expresa el peor daño que causa la intimidación a la prensa: la autocensura. No es algo que afecte solamente a los periodistas obligados a callar por temor, sino a la sociedad toda que se priva de conocer la verdad de los hechos y ve así vulnerado el derecho fundamental a estar informada sobre la realidad que le concierne.

Las declaraciones citadas son igualmente una muestra del origen de las presiones, abiertas o sutiles que reciben los reporteros: paramilitares, guerrillas, autoridades militares y civiles. Al interior del medio, los periodistas rasos también sienten la presión del director o del propietario de la empresa. Esta percepción coincide con los resultados de un sondeo de opinión realizado hace pocos años entre 48 periodistas de Bucaramanga, 38 de los cuales admitían haberse sentido censurados, en su orden por: el director del medio (14), el propietario del medio (11), la fuerza pública (9), opinión pública (9), el gobierno (8), sus superiores (7), la persona natural o jurídica afectada por la publicación (6), guerrilla (4), sus colegas (4), autodefensas (2), delincuencia común (2), Fiscalía (1), Contraloría (1), Procuraduría (1).

El contenido censurado, según el mismo sondeo, se refería a corrupción (20), política (15), conflicto armado (7), judicial (6), economía (4), deportes (3) y otros (3). Entre los “otros” se especifican temas de sindicatos y derechos humanos. La censura se concretó en la amenaza de perder el empleo o el contrato (7), la pérdida del empleo (7), amenaza de muerte (3), amenaza de lesiones personales (3), lesiones personales (1) y, en 13 casos, en acciones como impedimento para publicar, insinuaciones o sugerencias de “no conviene”, amonestación y cambio de la información, entre otros.

En materia de censura y autocensura, la realidad local no difiere mayormente de la realidad nacional. Javier Darío Restrepo citaba en mayo de 2006 los resultados de un estudio realizado por el observatorio de medios de la Universidad de La Sabana de Bogotá:




“Una encuesta entre 200 periodistas de 24 ciudades colombianas demostró que los enemigos internos de la libertad de información son más eficaces que los externos. Cuando hablo de enemigos internos, me refiero a los de casa: los dueños, los anunciantes, el director, el editor o el jefe de redacción. Cuando en la encuesta se les preguntó a los periodistas por el tipo de presión que había impedido publicar informaciones importantes para el público, respondieron que esa influencia había sido en primer lugar la de los dueños del medio y después, en orden de importancia: la del director, la de la guerrilla y la de los anunciantes. Después aparecen las Fuerzas Armadas y los paramilitares.” [2]



Entre las fuentes oficiales, las que más incurren en presiones y censura son el Ejército y la Policía, según revela una investigación del Proyecto Antonio Nariño (liderado por la Fundación Nuevo Periodismo del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez), que califica de “frecuente” tales prácticas, con base en respuestas de directores, editores y periodistas de los diferentes medios de comunicación del país.[3]

La realidad nos dice que el mandato del artículo 20 de nuestra Constitución Política: “No habrá censura”, está lejos de cumplirse. Así como hay autocensura, muchas situaciones de amenazas permanecen en el silencio. De los casos conocidos, entre el 2002 y 2006, de acuerdo con las alertas de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, y de organizaciones internacionales de protección a periodistas, como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité de Protección a Periodistas (CPJ), en Arauca, Barrancabermeja, Bucaramanga y Cúcuta –para citar solamente cuatro ciudades del Nororiente Colombiano– los periodistas han sido víctimas de:

5 asesinatos: Efraín Varela y Luis Eduardo Alfonso (Arauca), Emeterio Rivas (Barrancabermeja), Julio Hernando Palacios y la hija de Jorge Corredor (Cúcuta).
2 atentados con explosivos: RCN y La Opinión (Cúcuta).
1 tortura: Inés Peña (Barrancabermeja).
1 lesiones personales: Luz Dary Inés Mora (Barrancabermeja).
8 agresiones físicas y obstrucción a la labor de los reporteros: Luz Dary Inés Mora, Wilson Lozano, John León, Ricardo Mejía (Barrancabermeja), Javier Orlando Mantilla, Edison Figueroa Benítez (Bucaramanga), Gala Marcela Peña, Carlos Humberto Patiño (Cúcuta).
5 exilios o desplazamientos forzados: Alfredo Serrano, Diro César González, Tatiana Sánchez, Gladys Villamizar (Barrancabermeja), Jenny Manrique (Bucaramanga).
1 detención judicial: Emiro Goyeneche (Arauca).
3 seguimientos: Alejandro Galvis Ramírez, Alejandro Galvis Blanco, Sebastián Hiller (Bucaramanga).
41 amenazas o declaraciones de “objetivo militar”: 22 casos en Arauca, 8 casos en Barrancabermeja, 2 casos en Bucaramanga, 9 casos en Cúcuta.

Este recuento de casos, que algunas veces son ignorados por los colegas de los periodistas afectados, revela claramente que los reporteros y trabajadores de la prensa, como cualquier otro ciudadano colombiano, han sido víctimas de la violación de los derechos humanos.

No solamente se ha vulnerado el derecho a la libertad de opinión y de expresión estipulado en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que incluye –según reza el artículo– “el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”, sino también el “derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” (Artículo 3), para no citarlos todos.

En nuestra Constitución Nacional, el derecho a la libre información está consagrado en el Artículo 20 en los siguientes términos:



“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”



El de información es, por tanto, un derecho que compete a todos los ciudadanos y no solamente a los periodistas. Es además, un derecho de doble vía: dar y recibir información veraz e imparcial, de donde surge el compromiso que el periodista adquiere con la sociedad que, a su vez, deposita su confianza en su idoneidad y profesionalismo.

Es en respuesta a esta confianza de la sociedad que el periodista debe enfrentar los riesgos de su misión como comunicador social. Y aquí surge la pregunta de cómo se está informando en esta región nororiental –y en todo el país– sobre la crisis humanitaria y de derechos humanos que padece la población colombiana. Hay, evidentemente, una descompensación entre el tamaño de la crisis que exige una atención inmediata y la dedicación de los periodistas a la cobertura y el análisis de temas que deberían estar en primer lugar de la agenda pública.

¿Qué explica la omisión de información de calidad sobre los Derechos Humanos? Sin duda, el panorama que he descrito explica en parte el silencio. Pero a ello se suman otros factores estructurales y de percepción por parte de los comunicadores. Menciono algunos:

1. El carácter y los intereses comerciales de los medios de comunicación prioriza la información como mercancía y no como bien público.
2. La estructura y los formatos informativos imperantes limitan el seguimiento noticioso y el análisis de los hechos.
3. Hay una segmentación temática y de asignación de fuentes en las redacciones que favorece el tratamiento parcial y superficial de los hechos noticiosos, sin una visión integral o de conjunto de los procesos sociales. Por ejemplo, Derechos Humanos se asimila a la “fuente judicial”.
4. Dependencia de las fuentes oficiales gubernamentales y de los boletines de prensa de las oficinas públicas.
5. Percepción prejuiciada de la temática de Derechos Humanos: No es noticia, siempre es lo mismo (no hay novedad), es “sospechosa”.




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[1] Ponencia presentada en el Seminario Comunicación para la Democracia y los Derechos Humanos en la Región Nororiental, organizado por la Corporación COMPROMISO. Bucaramanga, noviembre 3 de 2006
[2] RESTREPO, Javier Darío. La Censura Sutil: Ponencia presentada en el Encuentro Regional sobre Censura Indirecta en América Latina. Buenos Aires, mayo 4 y 5 de 2006.
[3] PROYECTO ANTONIO NARIÑO, El papel de las fuentes oficiales en la calidad del periodismo colombiano. Bogotá, 2004